El Gobierno planea aumentar el salario mínimo y reformular el seguro por desempleo para darles un volumen mayor como políticas sociales de contención. Sobre el piso de ingresos, que será discutido en mayo, se prevé una suba en torno del 30% en dos etapas, para llevarlo de los actuales $ 6.060 a un valor de entre 7.600 y 7.800 pesos. Mientras que al subsidio para cesantes, que desde hace una década permanece congelado en $ 400, el gabinete económico tiene resuelto elevarlo a por lo menos 3.000 pesos y engancharlo con el ajuste anual del salario mínimo.

Se trata del detalle de los anuncios que Mauricio Macri les adelantó a los jefes y principales referentes de las tres versiones de la CGT, y que no incluyó respuestas a otras demandas como un freno legal a los despidos y la reforma inmediata del Impuesto a las Ganancias. En cambio, el mandatario sí se comprometió a distribuir en el corto plazo una remesa adicional de $ 2.700 millones a las obras sociales gremiales, entre otras reivindicaciones de menor impacto público pero estratégicas para el sindicalismo tradicional.

El combo desplegado por Macri en el encuentro con los gremialistas tuvo como eje un pedido de comprensión y paciencia, bajo la premisa de que en la segunda mitad del año el Gobierno da por sentada una desaceleración de la inflación. En el gabinete económico admitieron que quedó desactualizada la perspectiva de una suba de precios anual en el rango del 20 al 25%, como habían enunciado, sobre todo por el impacto de la suba de tarifas de servicios públicos. Pero alegan que una vez absorbidos esos incrementos habrá una desaceleración en el segundo semestre que determinará, siempre a juicio de los funcionarios, una inflación anual del 28 al 29 por ciento.