La audiencia establecida por la Cámara de Apelaciones, que preside Ana Clara Pauletti, se realizó a los efectos de recabar mayor información para emitir un dictamen tras el reclamo de la Sociedad Rural que busca eludir el pago del Impuesto Inmobiliario Rural recurriendo a la vía judicial, en queja por la determinación del avalúo fiscal.
La reunión fue de normal desarrollo y contó con la participación de ambas partes, el Gobierno y la Sociedad Rural, concurriendo también otras entidades agropecuarias motivadas por el mismo interés.
Desde la Provincia se expuso además que está vigente el vencimiento del impuesto y se destacó que ya pagó más el 60 por ciento de los productores
Ministros, funcionarios y técnicos del gobierno proporcionaron la información requerida y, esgrimiendo argumentos técnicos y jurídicos, ratificaron el cálculo del avalúo fiscal para el cobro del tributo.
El tribunal, integrado por Ana Clara Pauletti, José Arakaki y Valeria Barbiero, escuchó las exposiciones de las partes para resolver sobre el recurso de la SRA basado en la solicitud de información sobre el cálculo del avalúo fiscal y en el cuestionamiento al método utilizado para concretarlo.
El primer punto quedó dirimido con la información documental brindada por el Gobierno, lo que fue de satisfacción de los reclamantes, por lo cual la audiencia continuó en base a las explicaciones sobre el cálculo.
Tras la presentación de la postura demandante a través de técnicos de la Sociedad Rural, expusieron los ministros de Economía, Diego Valiero; de Producción; Roberto Schunk; y el titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto. También lo hicieron el director de Información Agroalimentaria del Ministerio de Producción, Juan Manuel Pérez, y el coordinador de esa cartera, Leandro Rodríguez, quienes concurrieron junto al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
“Acudimos hoy a la convocatoria de la Cámara de Apelaciones. Nos pidieron informes por escrito que fueron presentados anteriormente y ahora vinimos para responder en forma verbal sobre toda la información adicional que se requiere. Entendemos que ha quedado palmariamente demostrado que la metodología del cálculo del impuesto es la misma que se aplicó en todos los años anteriores y que siempre fue consentida por las entidades y los productores”, dijo Casaretto.
Por otro lado, subrayó la respuesta que en general ha tenido hasta ahora el pago del tributo. Dijo que ya abonaron más del 60 por ciento de los productores y aseguró que “eso demuestra la razonabilidad de todo lo actuado por el gobierno”.
En el mismo sentido se expresó el ministro Valiero, manifestando que el gobierno ratificó “técnicamente y con sustento la aplicación del criterio que es el que se viene utilizando en forma uniforme desde hace años” para establecer los montos de los impuestos.
Posición de la Sociedad Rural
Desde la Sociedad Rural se emitió un comunicado donde se expresa la posición contraria a la del Gobierno. “Hoy quedó demostrada la justicia del reclamo del campo porque los funcionarios del gobierno de la provincia de Entre Ríos admitieron que tomaron para el cálculo del impuesto inmobiliario rural una base que no respeta lo estipulado por la Ley vigente”, dijo Luis Miguel Etchevehere, vicepresidente segundo de la entidad
Más adelante, dijo lamentar las palabras del titular de la ATER, Marcelo Casaretto, “quien dirigiéndose al tribunal durante la audiencia, afirmó que si la justicia llegaba a fallar en contra de la provincia, el Poder Ejecutivo tenía herramientas para mantener el mismo monto del impuesto inmobiliario rural”.
En relación al reclamo judicial, se indicó que “desde el campo se presentó una acción de clase que es una acción colectiva avalada por la Constitución provincial. Además, se exigió el acceso a la información pública para conocer de qué modo se hizo el cálculo para establecer el valor actual del impuesto. Es que, en vez de tomar los cinco últimos años del kilo de novillo gordo para el cálculo del impuesto, tal como lo establece la Ley, sólo se promedió el valor del último año”.
Proceso
La jueza Pauletti coincidió en que la audiencia de ayer se inscribió como una novedad judicial en este ámbito, por derivar el trámite en un recurso colectivo. “Es una novedad esta audiencia, pero en Paraná también hubo audiencias públicas. Recuerdo el tema del Volcadero que tuvo una especie de trámite colectivo, aunque no exactamente similar al nuestro. Tenemos que recordar que las acciones o procesos colectivos no están legislados en la provincia pero si contemplados en la Constitución”, dijo Pauletti. Luego indicó: “Fue una audiencia muy fructífera, incluso agradecí a las partes la participación que han tenido, especialmente al Estado que vino con sus funcionarios más importantes a ponernos en claro sobre la situación”, manifestó la letrada y acotó que en el plazo de tres días se debería emitir la sentencia
