La Cámara Baja comenzará a analizar un proyecto presentado por un conjunto de organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, a través de la Fundación M'Biguá, para declarar “la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos”. En ese orden, frente al “avance indiscriminado de las intervenciones y la evidente falta de control en la zona” pidieron “la prohibición del desmonte y de toda modalidad de represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a los normas del Código Civil” y la Carta Magna provincial. Cabe señalar que tras la derogación de la llamada Ley del Arroz en el Delta, el gobierno entrerriano manifestó su intención de convocar a todos los sectores involucrados a discutir el ordenamiento territorial del Delta del Paraná, pero aún no se han producido avances. La iniciativa, dirigida a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente fue presentada “a raíz de los últimos acontecimientos en el Delta y de los retrasos de la provincia en dar cumplimiento a su Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo”.

Además, según consignó Recintonet, señalaron que buscan impulsar y retomar “el proceso de ordenamiento territorial, acompañar el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta de Paraná) y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el Delta”. La nota está firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M'Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás).

Según indicaron las organizaciones, a finales de julio, un equipo formado por miembros de Taller Ecologista y Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes.

Los ambientalistas pudieron constatar en el lugar que la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10.000 hectáreas en las islas entrerrianas, ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato.

Asimismo, el movimiento de ciudadanos autoconvocados “El Paraná No se Toca” alertó en forma reciente sobre el cierre del arroyo Los Meoncitos, frente a la localidad santafesina de San Lorenzo, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria, así como denunciaron anteriormente el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario. A principios de este mes, el mismo secretario de Ambiente Sustentable de la provincia, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más además de los denunciados.