El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto y el vocal del Superior Tribunal ya no formará parte del Poder Judicial. Esto iba a ser tratado por el Senado. De esta manera se cae el juicio para destituirlo, pero bien podría ser investigado penalmente.

Bordet firmó este martes al mediodía el decreto N° 75, mediante el cual “acepta la renuncia que con carácter indeclinable e irrevocable presentara el vocal de la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz, en estas últimas horas”.

En los considerando de la norma, refrendada por el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, se señala que el magistrado “presentó el 7/02/2017 su renuncia al cargo que desempeña en el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, motivada en el incremento del deterioro de su salud, de público conocimiento, que le impide desempeñar sus tareas como magistrado”.

De acuerdo al artículo 175 inciso 16° y 193 de la Constitución Provincial, “corresponde al Poder Ejecutivo proceder a su aceptación, la que será operativa a partir de la notificación del decreto”, informó el Gobierno mediante un comunicado.

Su futuro

Una vez concretado esto, Chiara Díaz deja de ser juez y finaliza el juicio político para destituirlo, pero es importante señalar que bien puede ser sometido a una investigación penal, ya que entre las acusaciones en su contra estaba el uso de dinero destinado para gastos representativos de su función, en funciones particulares como lo fueron los gastos que demandaban sus viajes para el dictado de clases y esto encuadraría en una figura penal, que podría llevarlo a la imputación, lo que –de comprobarse– quedaría inmerso en la figura penal de malversación de fondos públicos,  delito que prevé una pena de hasta 10 años de prisión.

Lo cierto es que Chiara Díaz, más allá de lo que hubiera hecho y de lo que decidan seguir investigando, comenzará a percibir su jubilación como juez del Superior Tribunal de Justicia.